La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebracion del Territorio, Maria José Salvador., durante su intervención en el Forum Europa

La conselleria exige a los ayuntamientos que paralicen los PAI si los urbanizadores han incumplido los convenios

Quiere que los consistorios den los nombres de las empresas para que no opten a contratos públicos

No es una buena época para los promotores inmobiliarios locales. A la crisis económica en general, y a la casi destrucción de su sector en particular, ahora se suman los planes del nuevo Consell para el urbanismo valenciano. Y es que la Generalitat ha instado a los ayuntamientos de la región a destapar todos y cada uno de los incumplimientos en que incurran los agentes urbanizadores de planes urbanísticos ya aprobados.

El objetivo es que los municipios pongan negro sobre blanco las posibles vulneraciones legales de las empresas promotoras a la hora de ejecutar un proyecto -un plan parcial por ejemplo-. Siempre que haya causa de resolución, esa denuncia debería servir de argumento jurídico a los consistorios para justificar la paralización de un PAI ya aprobado (Programa de Actuación Integrada), y de paso, clasificar, si es posible, el suelo de esa actuación como no urbanizable y dejarlo inutilizado para la promoción inmobiliaria.

La ofensiva del Consell, que se vende como un intento de poner racionalidad y sostenibilidad a la realidad del territorio, llega en un momento de redefinición del modelo urbanístico automómico, que ya cuenta con una propuesta presentada por los grupos parlamentario de Podemos y Ciudadanos y que según la patronal de promotores inmobiliarios de la región, supone una amenaza para la seguridad jurídica y la recuperación de la actividad y del empleo.

De momento, el Gobierno valenciano ya ha dado instrucciones claras a los ayuntamientos en materia urbanística: es hora de delatar a los promotores que no cumplan con sus obligaciones para frenar planes urbanísticos que, a su juicio, son innecesarios. La Generalitat ha pasado la pelota a los ayuntamientos para que éstos corten de raíz cualquier actuación de este tipo.

Esta orden directa la ha dado la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje a los ayuntamientos. Y es que este departamento, dependiente de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, encabezada por la socialista María José Salvador, ha remitido una carta a los consistorios en la que se explican las directrices para aplicar los nuevos criterios de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana. La misiva, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, fue enviada a finales de enero a los municipios y viene firmada por el director general del área, José Luis Ferrando Calatayud. En la carta, se recuerda a los consistorios las opciones legales que tienen para resolver los planes parciales y «la aplicación de los efectos que sobre el urbanizador recaen en caso de incumplimiento». En este sentido, se resalta que en virtud de la Ley Urbanística Valenciana (LUV) «la demora injustificada durante la realización y acabado de las obras será objeto de análogas penalizaciones previstas en la legislación general de contratación administrativa».

Además, se insiste en que también la actual Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) «establece que la resolución del contrato entre la Administración y el urbanizador, por causa de haber sido declarado culpable este último, dará lugar a las consecuencias previstas en la legislación sobre contratos de las administraciones públicas, y en particular, a la prohibición de contratar con la Administración».

La conselleria explica en su carta que la legislación urbanística da un amplio respaldo legal para denunciar los incumplimientos de los urbanizadores de planes parciales, hasta el punto de que se anima a los consistorios a realizar «los trámites necesarios para que se inscriba en el Registro de Licitadores y Empresas Clasificadas la prohibición de contratar de los urbanizadores que hayan incumplido sus obligaciones en los programas».

Cambios normativos

Por el momento, el Consell se ha marcado seis meses de plazo para presentar una propuesta para modificar la actual Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup). Así lo anunció ayer la consellera Salvador en un acto en Valencia. La titular de Urbanismo presidió la reunión constitutiva del grupo Espai Territori: experts per un nou urbanisme. El objetivo de este nuevo círculo de expertos, creado por la conselleria, es crear un foro de participación para analizar el urbanismo vigente, fijar directrices y realizar propuestas necesarias para las modificaciones normativas, como la próxima reforma de la Lotup.

Según Salvador, «es necesario adaptarse al nuevo ciclo, a la nueva hoja de ruta del territorio y urbanismo que ha de ser de protección de territorio, de un urbanismo sostenible y para las personas».

Fuente: El Mundo